Se garantiza la defensa o reclamación de los derechos del asegurado, en vía judicial, en los conflictos directamente relacionados con el contrato de arrendamiento.

Asimismo, se garantizan los juicios de desahucio por falta de pago o por obras no consentidas cuando el asegurado sea demandante. La reclamación de las rentas impagadas queda también garantizada.